lunes, 17 de agosto de 2009

DESMOVILIZACION: LA RESURECCION DE LAS ALMAS PERDIDAS.

En Colombia aproximadamente ahí 50.000 desmovilizados de todas las bandas ilegales ya sea AUC, las FARC y ELN. Este proyecto de desmovilización surge durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez en el año 2003 con el objetivo principal de buscar la paz y la reconciliación entre víctimas y victimarios, que durante muchos años han visto el rostro de la muerte conviviendo entre sus familias.

El proyecto comienza a desarrollarse primero con el cacique NUTIBARA liderado por don diego ( alias don Berna), Y con HEROES DE GRANADA; ambos grupos pertenecientes a las autodefensas unidas de Colombia (AUC) que en ese momento azotaban diferentes comunas del noroccidente de Medellín. Durante los primeros acercamientos, se vio por parte de la insurgencia y del mismo gobierno claridad y transparencia que dejaba ver al país diálogos de paz verdaderos. El primer gesto de buena intención por parte del gobierno consistió en trasladar a los que querían hacer parte del proyecto a una finca ubicada en el municipio de la CEJA (Antioquia) para que recibieran allí capacitaciones y tuvieran la oportunidad mediante validaciones de que algunos terminaran su bachillerato. Muchos se preguntaran, de donde sale el dinero suficiente para llevar acabo el proyecto. ¿Será de los impuestos? la financiación, sale de convenios entre la presidencia de la republica con entidades internacionales que están dispuestas a contribuir y apoyar iniciativas de paz, y donde los principales aliados son; la alcaldía de Medellín, el CENA como institución educativa visible, a demás de la fiscalía, la policía, ejército nacional, ministerio del interior, de justicia y de defensa

Hoy en día, se estipula que semanalmente entre tres y cinco personas dejan las armas para incorporarse nuevamente a la vida social, cifras que generan optimismo en el programa si se tiene en cuenta que en Colombia existen ya 33.000 desmovilizados, en Antioquia 12.000 y en Medellín 5.500. Sin dudada un gran avance que demuestra que si bien esta guerra es larga ya ahí muchas batallas ganadas.

El mayor atractivo de tan inteligente proyecto consiste en la reintegración social, que le da la posibilidad al desmovilizado de empezar estudios secundarios, ya sean técnicas, tecnologías o carreras profesionales en cualquiera de las universidades del país, para esto el Gobierno colombiano con ayuda de distintas entidades internacionales destina para la capital Antioqueña 9.500 millones de pesos, que se reparten para el sostenimiento académico. Entonces para un joven que pretenda estudiar una técnica se le dará la suma de 380.000 mil, para los que inicien una tecnología 480.000 lógicamente este dinero tendrá que alcanzar para el transporte y demás; en caso de que estas personas decidan abandonar sus tareas académicas inmediatamente se les retirara cualquier apoyo económico y social. En conclusión, a estas personas se les paga por estudiar, y quien lo creyera se les estimula por haber dejado un arma y empuñado un lápiz, olvidando el daño que en el pasado hicieron, donde muchas mujeres en Colombia quedaron viudas, algunas madres perdieron sus hijos y en casos concretos campesinos que mientras labraban sus tierras perdieron algún miembro de su cuerpo debido a una mina antipersonal, porque hace algunos años Colombia era el quinto país más minado del mundo, y que no nos sorprenda saber que hoy es el primero.

Algunas personas piensan que estos beneficios son injustos, pero quizás no alcanzan a pensar que el gobierno está más interesado por encontrar soluciones de raíz a un conflicto que padecemos hace 50 años y controlar a los que hace poco era imposible controlar.

Al principio se dio la orden de que estos muchachos los cuales un 80 y 90% eran campesinos obligados a delinquir siendo engañados con falsas ilusiones y beneficios económicos, duraran 18 meses en rehabilitación, tiempo en el cual eran analizados y tratados por psicólogos y comunicadores sociales, pero debido a numerosos cambios se decidió dar tiempo indefinido al proyecto.

Durante la reconstrucción de dichos cambios el gobierno planteo mediante la ley 975 el decreto que impediría a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad tales como asesinatos y secuestros no hacer parte de un plan de desmovilización completo.

“Hoy en día se puede claramente decir que el programa de reinserción y desmovilización es todo un éxito” según afirmaciones del mismo presidente de la república donde a demás afirma que el 98% de estas personas terminan satisfactoriamente el proceso; estas aclaraciones parece ser que no todos los colombianos las creen, puesto que la aparición de bandas emergentes en la ciudad y el aumento de un 20% en criminalidad apunta a que son los desmovilizados quienes se están reorganizando nuevamente para delinquir, generando descontrol en las calles y creando expendidos de droga que ya en la ciudad se estipulan hayan aproximadamente 12.000. En realidad no se sabe a ciencia cierta con claridad de los resultados del programa, ya que la misma entidad que promueve el proyecto no sostiene que sean los desmovilizados quienes estén atentando nuevamente contra la seguridad pública, lo que hace pensar entonces que aun hace falta mucha tela por cortar y definitivamente surjan nuevos interrogantes sobre ¿ quién tendrá la razón? O mejor ¿ sé tapará el sol con un dedo? .

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